Información de Alfredo Luis
TEHUANTEPEC, OAX.– El gremio periodístico de esta localidad se declaró en alerta tras las recientes declaraciones del empresario y aspirante político Abimael Olivera Pérez, quien a través de sus redes sociales lanzó mensajes considerados intimidatorios contra comunicadores que han cuestionado su desempeño público.
El origen del conflicto
La tensión escaló luego de que diversos medios locales reportaran presuntas irregularidades vinculadas a un siniestro en una bodega de su propiedad. Entre los señalamientos que han motivado la molestia del empresario destacan:
- Daños ambientales: Reportes sobre un incendio en su establecimiento que afectó la calidad del aire y el entorno.
- Falta de responsabilidad civil: Denuncias de familias afectadas que aseguran no haber recibido las indemnizaciones correspondientes.
- Uso de tiraderos clandestinos: Acusaciones de haber ordenado el depósito de escombros en un predio irregular camino a Rincón Moreno, materiales que —según testigos— fueron incendiados posteriormente, agravando la crisis ecológica en la zona.
Amagos en redes sociales
A través de su cuenta personal de Facebook, Olivera Pérez —quien ha manifestado abiertamente sus aspiraciones a la presidencia municipal— publicó un mensaje en el que afirma estar “buscando” a los medios que han difundido estas críticas.
Bajo el argumento de que “no es monedita de oro”, el empresario evitó aclarar sus intenciones, lo que fue interpretado por los comunicadores como una amenaza directa a su integridad y labor profesional.
Reacción del gremio.
Ante el hostigamiento, representantes de la prensa en Tehuantepec manifestaron su rechazo total a cualquier intento de censura mediante la coacción.
Advirtieron que, ante cualquier agresión física o verbal, no solo recurrirán a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), sino que escalarán el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) bajo protocolos de protección a periodistas.
“La libertad de expresión es un derecho constitucional y no puede ser condicionada por intereses particulares o aspiraciones políticas”, señalaron portavoces del gremio local.
El caso permanece bajo el escrutinio de la opinión pública, que exige garantías de seguridad para el ejercicio informativo y transparencia por parte de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular en la región.