Por Alfredo LUIS RUIZ
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX. – La indignación social estalla en la “Tierra de la Inmortal Sandunga”. Mientras la ciudadanía enfrenta una crisis aguda de inseguridad, falta de medicamentos y desempleo, ha salido a la luz un presunto esquema de corrupción y gastos personales excesivos que involucra directamente a las administraciones morenistas de Vilma Martínez Cortés y la actual gestión de Ana Cecilia Pérez Velázquez.
Un presupuesto de privilegios
De acuerdo con actas de sesiones de Cabildo correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, se ha revelado la autorización de más de 300 mil pesos diarios destinados a gastos personales de las funcionarias. Esta cifra, que supera los 10 millones de pesos mensuales, suma un total anual superior a los 130 millones de pesos; una cantidad que sobrepasa incluso los presupuestos operativos de alta jerarquía federal y que contrasta dolorosamente con la realidad de las calles de Tehuantepec.
Enriquecimiento bajo la lupa
La opacidad marca estas gestiones. A pesar de los constantes reclamos de transparencia, no se ha logrado comprobar el destino de estos recursos públicos. Por el contrario, existen señalamientos directos sobre:
- Adquisición de bienes inmuebles: Compra de casas y terrenos de alto valor.
- Inversiones empresariales: Flujo de capital hacia negocios privados de origen inexplicable.
- Vida de lujo: Uso de camionetas de gama alta y gastos ostentosos que desafían los principios de austeridad.
Complicidad en el Cabildo: Sanciones en puerta
La responsabilidad no recae únicamente en las figuras principales.
El Cuerpo de Regidores y el Cabildo, tanto el que acompañó a Martínez Cortés como el que hoy encabeza Pérez Velázquez, son señalados como cómplices por omisión.
Al autorizar y no fiscalizar estos recursos, los integrantes de estas mesas de gobierno han fallado en su deber constitucional de velar por el patrimonio del pueblo.
Bajo el marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas, estos funcionarios podrían enfrentar sanciones severas, que van desde la inhabilitación hasta procesos penales por el manejo indebido de fondos que debieron destinarse a obras sociales y seguridad pública.
Mientras las arcas municipales se vacían en beneficios personales, los habitantes de Tehuantepec denuncian un estado de abandono total.
La comparación con administraciones pasadas es inevitable entre la población, que hoy cuestiona la integridad de quienes prometieron un cambio. La Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior están bajo presión social para intervenir de manera inmediata ante lo que se considera una burla histórica a la confianza ciudadana.