- Denuncian Trabas Ilegales para la Emisión de Facturas
SALINA CRUZ, OAX.-Lo que debería ser un proceso de rutina tras una compra, se ha convertido en una pesadilla legal para los clientes de Macropay. Una serie de denuncias ciudadanas han puesto al descubierto una práctica recurrente en la empresa: el condicionamiento de facturas a cambio de la entrega de la Cédula o Constancia de Situación Fiscal actualizada.
El “Filtro” Ilegal
A través de redes sociales y correos electrónicos (de los cuales este medio posee evidencia), empleados de Macropay han informado a los clientes que, por “instrucciones del SAT”, es obligatorio presentar dicho documento del mes en curso para poder generar su comprobante fiscal.
Sin embargo, esto es falso. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido enfático: para facturar, el contribuyente solo está obligado a proporcionar verbalmente o por escrito cuatro datos básicos:
- RFC.
- Nombre o Razón Social.
- Código Postal del domicilio fiscal.
- Uso del CFDI.
Violación Directa al Código Fiscal de la Federación
La denuncia ciudadana señala con precisión la falta: la empresa está infringiendo el Artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación (CFF). - Esta normativa establece que es una infracción “no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet”, así como expedirlos sin que cumplan con los requisitos.
Al poner requisitos adicionales no contemplados en la ley (como la entrega física o digital de la Constancia), Macropay incurre en una práctica abusiva que impide al ciudadano deducir sus gastos legítimos.
En los tickets de compra exhibidos (con fecha de febrero de 2026), se observa que el cliente realizó el pago total por equipos electrónicos (como un Samsung A56), cumpliendo con su parte del contrato comercial. No obstante, la respuesta de la empresa —enviada vía correo electrónico— es clara: se niegan a procesar la factura si no reciben el documento fiscal del mes actual.
“Condicionar la factura es una forma de evasión indirecta y un atropello al derecho del consumidor”, señala uno de los afectados en la plataforma X (antes Twitter).
¿Qué dice la autoridad?
El SAT ha habilitado canales de denuncia para estos casos. Las empresas que persistan en estas prácticas pueden hacerse acreedoras a multas que van desde los $19,700 hasta los $112,650 pesos, e incluso la clausura preventiva del establecimiento en caso de reincidencia.
Hasta el cierre de esta nota, @MacropayOficial no ha emitido una postura oficial ante el aluvión de quejas provenientes principalmente de la región del Istmo y la Ciudad de México.
